Política de Seguridad Ciudadana para revertir cuestionamientos del Human Rights Watch.
En noviembre de 2012 Human Rights Watch, Organización Internacional con personal competente en más de 40 países, publicó su Informe sobre México. En su portada, sin equívocos, se definía el marco dialéctico del texto y testimonio: “México: Ni Seguridad ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico”.
En este sentido el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció “que para modificar una realidad, hay que aceptarla”, puntualizó que entre 2006 y 2011, se cometieron 10.6 millones de delitos a nivel nacional; ocho de cada cien son denunciados y, de ellos, el 15 por ciento son resueltos. Sólo uno de cada cien delitos se castiga, anotó el Secretario de Gobernación. Agregó, en 2007 el INEGI contabilizó 10 mil 253 homicidios dolosos y en el 2011 se cometieron 22 mil 480. Por ello, señaló que el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes es similar al de otros países del continente; sin embargo, precisó que el dato significativo es que la tasa de crecimiento de homicidios nos ubica como una de las mayores del mundo. Incluso, subrayó que las ejecuciones son la segunda causa de defunciones en México.
El gobierno de EPN, hereda un sexenio funesto y fúnebre, mismo que documenta en 230 páginas, el informe internacional mismo que hace un balance de la situación de la justicia en México y, como en otros Informes de Human Rights Watch se destaca la continuidad de la tortura en México.La tortura es indisociable de una connotación trágica: que para torturar a una persona es indispensable, previamente, cosificarla, es decir, convertirla en una cosa. Se trata, de una de las más graves acusaciones que pueden hacerse a un sistema jurídico-político.
El Informe de Human Rights Watch no duda en advertir, señalar “La omisión por parte de Agentes del Ministerio Público de su obligación de investigar denuncias de tortura se ve reflejada en el escaso número de procedimientos penales por tortura que se llevan a cabo en México, lo cual contrasta radicalmente con el alto nivel de incidencia de tortura descrito por las Comisiones de Derechos Humanos, las Organizaciones de Víctimas y los Defensores de Derechos Humanos…”.
En este sentido, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció en la sesión del Consejo de Seguridad, que la PGR arrastra una estructura que no corresponde a la realidad actual, porque fue acondicionándose de acuerdo a la coyuntura, provocando hoy una fragmentación descoordinada, en detrimento del cumplimiento de sus funciones.
El Informe de Human Rights Watch proporciona, con nombres y detalles, casos concretos y son múltiples sus denuncias sobre detenciones arbitrarias y torturas, mismas que las autoridades mexicanas no han contestado a los cuestionamientos, con nombres, domicilios y localidades donde se efectuaron las trasgresiones de los Derechos Humanos y proporciona, como evidencias, casos específicos, de trasgresiones de las leyes.
El World Economic Forum 2012-2013 efectúa, cada año, un impresionante análisis de la situación de 144 países. El caso de México es examinado, con la misma lupa y procedimiento que los otros países. En orden a la Estructura Jurídico-Política, los datos de México son bien preocupantes.
La Independencia Judicial (una de las bases importantes del Estado de Derecho) es evaluada, en el caso de México, colocando, al país, en el lugar 88. En orden a la Eficiencia de la Estructura Legal para solucionar las Disputas, México es el país 100; en Pagos Irregulares de Sobornos, país 81; en Costos del Crimen y la Violencia, país 135; en Crimen Organizado, país 139; en Fiabilidad de los Servicios Policíacos, país 134; .
El Gobierno de Enrique Peña Nieto , ha dado un viraje sustituyendo una estrategia por una política de seguridad ciudadana para revertir la imagen internacional que México tiene en el exterior como lo documenta Human Rights Watch , con esa inmensa documentación sobre la Cosificación de una Sociedad.
Para México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) considera que la decisión del Gobierno Federal de incluir a cinco representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública es un paso importante, y debe convertirse en una oportunidad para promover un vínculo más estrecho entre el Estado y los ciudadanos, reconociéndolos como actores fundamentales en el proceso de toma de decisiones en la materia ue permita que las voces ciudadanas tengan verdadera resonancia y no meramente una herramienta de validación de decisiones ya tomadas.
