Trámite de Residencia Sube de Precio El 30 de Julio Aumentan las Tarifas
Cientos de miles de extranjeros que gestionan la visa de residencia basada en empleo y cuyos trámites fueron postergados hasta el 1 de octubre porque se agotaron las visas para el año fiscal 2007, recibieron una segunda mala noticia esta semana: deberán pagar las nuevas tarifas que entran en vigor el 30 de julio.
Decisión
“inesperada”
El cierre de la ventanilla fue anunciado el lunes por el Departamento de Estado (DOS) y confirmado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La agencia explicó que al 30 de junio había recibido más solicitudes que la cuota de 60 mil autorizadas por el Congreso.
Según explicó el DOS, la cancelación de trámites para el último trimestre del año fiscal 2007 obedeció, por un lado al creciente número de solicitudes enviadas a la USCIS, y por otro a la mejora del trámite de los pedidos, lo que hizo agotar la cuota antes de tiempo.
El DOS indicó que “como resultado de esta acción inesperada, ha sido necesario realizar ajustes inmediatos a algunas fechas límite previamente anunciadas” para la asignación de las visas de residencia basadas en empleo.
El año fiscal estadounidense comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año entrante.
En cuanto a las nuevas tarifas, la USCIS reiteró que el 30 de julio entran en vigor los nuevos precios.
La lista obligará a los solicitantes de residencia que no alcanzaron un cupo de visa en el año fiscal 2007 a pagar casi el triple cuando envíen nuevamente el paquete de solicitud.
Los nuevos precios, criticados por organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes desde que fueron anunciados en enero, impactarán principalmente las solicitudes de de ajuste de estatus (Formulario 1-485, requerido para quienes solicitan residencia basada en empleo), de $325 a $930.
Otras alzan sensibles afectan el trámite de la remoción de condiciones de un residente (Formulario I-829), de $475 a $2,930, la petición de ciudadanía (Formulario N-400), de $330 a $675, y el costo de las apelaciones (Formulario I-290B), de $385 a $585, entre otros.
Estas tarifas no incluyen los $80 dólares exigidos por el gobierno para la toma de datos biométricos (huellas dactilares y fotografía), ni tampoco los servicios de abogados que ayudan a preparar las solicitudes.
Devolverán el dinero
En cuanto a los pedidos y pagos de aquellos solicitantes de visa que no alcanzaron cupo para 2007, la USCIS apuntó que el paquete de documentos y los pagos serán devueltos a los remitentes.
Los nuevos precios, criticados por organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes desde que fueron anunciados en enero, impactarán principalmente las solicitudes de de ajuste de estatus (Formulario 1-485, requerido para quienes solicitan residencia basada en empleo), de $325 a $930.
Otras alzan sensibles afectan el trámite de la remoción de condiciones de un residente (Formulario I-829), de $475 a $2,930, la petición de ciudadanía (Formulario N-400), de $330 a $675, y el costo de las apelaciones (Formulario I-290B), de $385 a $585, entre otros.
Estas tarifas no incluyen los $80 dólares exigidos por el gobierno para la toma de datos biométricos (huellas dactilares y fotografía), ni tampoco los servicios de abogados que ayudan a preparar las solicitudes.
Devolverán
el dinero
En cuanto a los pedidos y pagos de aquellos solicitantes de visa que no alcanzaron cupo para 2007, la USCIS apuntó que el paquete de documentos y los pagos serán devueltos a los remitentes.
Organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes, tales como el Comité Hispano de Virginia o la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), consideraron que la decisión de cerrar la ventanilla de visas fue consecuencia de un sistema migratorio ineficaz.
“Las personas que han hecho lo correcto y han seguido las reglas, ahora se encuentran que les han cerrado las puertas en sus narices”, dijo Kathleen Campbell, presidenta de AILA.
A su vez, Jesús Moreno, director de comunicaciones del Comité Hispano de Virginia, señaló que “existe un problema de planificación en el Departamento de Estado, esto ha sido una burla a los usuarios”.
Los afectados de la postergación hasta octubre de los pedidos de residencia son personas que trabajan en Estados Unidos con visas de trabajo.
Cristal Williams, directora adjunta de programas de AILA, dijo que también los familiares de estos trabajadores se vieron afectados por la repentina decisión del gobierno de Washington.
“Hay personas que viajaron a Estados Unidos para poder presentar su solicitud e hicieron que sus familias viajaran de vuelta y les pagaron a sus abogados”, indicó.
La siguiente es la lista de las principales alzas anunciadas por el servicio de inmigración de Estados Unidos.
