La libre competencia y la TV por cable

Hace unos meses, la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva con el objeto de abrir el sector de los decodificadores de la televisión por cable a una mayor competencia. Y aunque el medio no es precisamente el ideal (las órdenes ejecutivas se saltan los canales legislativos y el proceso democrático), el resultado sí incrementará la competencia.
La mayoría de los suscriptores de la televisión de pago alquilan los decodificadores que les dan sus proveedores de contenidos por cable o satélite. Esto ha convertido la televisión de pago prácticamente en un monopolio en el que las compañías de cable y satélite pueden no sólo cobrar de más, sino incluso favorecer sus propios contenidos frente a otras opciones.
“El 99% de los suscriptores de la televisión de pago están encadenados a sus decodificadores, ya que los operadores por cable y satélite le han puesto candado al mercado”, según comentaba la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Eso significa precios más altos para los consumidores, a los que en teoría se les ofrece competencia de libre mercado, pero a los que en realidad se deja con muy pocas opciones.
Así que ¿cómo entra el gobierno en escena? El plan de la FCC es exigir estándares más abiertos para permitir que los fabricantes independientes de dispositivos obtengan contenidos de televisión de pago y listas de canales, pudiendo así competir con las compañías por cable y satélite. Y ahora la administración está respaldando públicamente la iniciativa en nombre de los consumidores. Como ha comentado Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca: “Esto parecía un caso claro en el que se podía obtener un beneficio para los consumidores así como una victoria para la innovación”.
Desgraciadamente, el gobierno no está siempre tan deseoso de proteger la libre empresa. Las regulaciones públicas son a menudo un obstáculo para las opciones del consumidor y la competitividad del mercado. Y resultan especialmente perjudiciales para las pequeñas empresas, muchas de las cuales se ven obligadas a lidiar con la burocracia del gobierno en vez de dedicarse a crecer y contratar a nuevos empleados.
El gobierno debería eliminar las barreras a la competencia. Si se incrementa la competencia, se amplían las opciones de los clientes y se reducen los precios para los consumidores.