La Inconstitucionalidad de la Identificación Única
Dr. Humberto Caspa, Profesor de economía política en la Universidad Estatal de California San Marcos.
E-mail: hcletters@yahoo.com
Los derechos individuales se fueron mermando paulatinamente a medida que las autoridades federales empezaron a utilizar el ataque terrorista de Septiembre 11 como excusa para imponer leyes restrictivas. Ahora, con el proyecto de Identificación Única (Real ID), el Congreso pretende disminuir el poder de los estados bajo la misma excusa de seguridad. Esta nueva disposición atenta contra los principios del federalismo y, por ende, contra las tradiciones democráticas de nuestro país.
La enmienda diez de la Constitución del Estado sostiene: “Los poderes que no son delegados al gobierno federal por la constitución, y que no prohíben a los estados, están reservados a éstos últimos o a los ciudadanos”. Gracias a este poder, los estados se han reservado el derecho de emitir licencias de manejo vehicular debido a que la constitución no delega, específicamente, estas funciones al gobierno federal.
En consecuencia, con la Identificación Única, que ya fue negociada en las dos cámaras del Congreso, los representantes federales están quebrantando la constitucionalidad de las leyes que amparan a los estados. La nueva propuesta de ley establecería estándares generales para la adquisición de licencias de conducción, y pondría en tela de juicio la autoridad de los estados.
Como la ley elevaría el poder del ejecutivo, el Presidente George W. Bush no dudará un solo momento en firmarla y convertirla en ley. Correspondería, entonces, a la Suprema Corte de Justicia de ignorarla e indirectamente contribuir al despojo del poder de los estados. O, por el contrario, los jueces optarían en adjudicarse del caso, discutirla y sancionarla como inconstitucional. Claro que este panorama es imprevisible, dado el conservadurismo inmanente de una mitad de los jueces.
Así, al igual que otras oportunidades, la excusa para esta nueva disposición es la seguridad del Estado. Jeff Lungren, portavoz de James Sensenbrenner Jr, republicano y jefe de la Comité Jurídico de la cámara baja, dijo textualmente que, “este estatuto reforzará la seguridad de la patria”.
Sin embargo, esta propuesta de ley es altamente antagónico al federalismo democrático, debido a que disminuye el poder estatal en torno a las licencias de manejo y las cedulas de identidad. Además, altera los derechos individuales de los ciudadanos.
Para la adquisición de licencias de manejo, la ley establecería, entre otras cosas, residencia legal del solicitante, certificado de nacimiento, una foto, prueba de seguro social y residencia de domicilio. Todos estos requisitos son, irónicamente, exigencias necesarias del DMV en California.
Con la nueva disposición, cualquier intento de cambiar las leyes a nivel estatal sería virtualmente imposible. La presión de los líderes Latinos y asociaciones sociales defensores de los inmigrantes sobre el gobernador no tendría validez. Tal como el tema migratorio, la licencia de conducción se convertiría también en un asunto federal. En otras palabras, sería un golpe de estado interno.
Si Thomas Jefferson, defensor moral de las Libertades Civiles, estuviera con nosotros seguramente estaría regañando a cada uno de los congresistas por la aprobación de la Ley Patriota y los planes de aprobar la Identificación Única. Tanto Jefferson como otros defensores de las libertades individuales lucharon arduamente contra el poder del Estado.
Nunca desearon que las instituciones gubernamentales interfieran con las libertades inmanentes del individuo y de los estados. Por eso, a pocos años de la proclamación de la Independencia, Jefferson cabildeó para que se aprobaran las famosas enmiendas de las Leyes del Derecho (Bill of Rights). La enmienda diez claramente ampara a los estados vis-a-vis al gobierno federal.
Aquí no se cuestiona el embate contra el terrorismo internacional. Está claro que la soberanía del país fue mancillada por el ataque de Al-qaeda en Septiembre 11. Los miembros del Congreso, en consecuencia, tiene toda la autoridad que le delega el Estado para revertir otros atentados terroristas. Sin embargo, la constitución no cede ni al Congreso ni al Presidente, el derecho de establecer leyes que repriman los derechos de los estado y las libertades individuales.
La Identificación Única está contra las tradiciones federalistas, especialmente los derechos de los estados. En este sentido es deber de la Suprema Corte de Justicia adjudicarse el caso, cuando éste haya sido aprobado por el Congreso y el Presidente, y proponga su inconstitucionalidad.
