Las Licencias en California se estancaron por falta de Acuerdo

La falta de acuerdo entre el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el diseño de las licencias de manejar, tiene a miles de indocumentados con el alma en un hilo en California.
Ambas dependencias no han resuelto sus discrepancias sobre los datos que deberían incluir los documentos. Las conversaciones “están estancadas”, dijo el diario La Opinión el martes.
“No nos han dicho nada, pero nosotros seguimos insistiendo en ese diseño que presentamos, y no ha pasado nada. Ellos no lo aprobaron”, dijo Armando Botello, portavoz del DMV.
Botello dijo no conocer qué sucederá con las licencias de manejar, porque no las pueden otorgar sin la aprobación del DHS. “Seguimos insistiendo”, enfatizó Botello.
En abril el gobernador Jerry Brown promulgó la ley AB60 de California que permite al estado conceder licencias de manejar a los inmigrantes sin estatus de permanencia legal en Estados Unidos.
La legislación debería entrar en vigor 4el 1 de enero de 2015, pero el DHS no acepta el diseño presentado por el DMV porque, dijo, no cumple con los requisitos del Real ID.
La Opinión dijo que el diseño del DMV contempla dos características que hacen a las licencias para indocumentados distintas a las tradicionales. Al frente del plástico, cambia la letra L junto al número por una P que significa privilegio. En la parte de atrás se especifica que la licencia no servirá para propósitos federales de identificación.
El DHS dijo en una carta que la propuesta del DMV no cumple con los requisitos de marcado establecidos por la ley Real ID y sus regulaciones.

El Real ID
La Ley de Identificación Verdadera o Real ID fue aprobada por el Congreso en abril de 2005 y su implementación ha sido postergada por el rechazo de los estados y las dudas sobre un reglamento que pueda ser implementado a nivel nacional. A2

La medida fue agregada como enmienda dentro de la ley de gastos militares para las guerras de Afganistán e Irak como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El Real ID contiene normas que establecen que todos los nacidos después del 1 de diciembre de 1964 estarán obligados a obtener el nuevo documento de identificación, considerado por muchos como el primer paso para la puesta en vigor del carné nacional de identidad.
Durante el gobierno de Bush (2001-2009) el DHS apuntó que la nueva licencia será un documento de identidad más seguro, a prueba de falsificaciones y planeada para que los terroristas no puedan adquirirlo.
El gobierno federal dilató dos años y 10 meses en redactar unas normativas que puedan ser puestas en vigor en los 50 estados de Estados Unidos y que iban a entrar en vigor el 31 de diciembre de 2009. Pero el reglamento fue rechazado.
La Ley de Identificación Verdadera establece que la licencia de manejar sólo será otorgada a extranjeros con estadía legal en Estados Unidos.
Agrega que los peticionarios del documento deberán aportar pruebas emitidas por el servicio de inmigración al momento de gestionar un permiso, cuya validez será similar al tiempo de estadía permitido por el gobierno.
También incluye otra serie de restricciones, entre ellas:
– Autoriza a caza recompensas a perseguir y arrestar a inmigrantes en cualquier parte de Estados Unidos.
– Permite la deportación de inmigrantes antes de que concluyan los procesos de Apelación.
– Elimina el derecho de utilizar la ley de Hábeas Corpus, vigente desde la guerra civil.
– Elimina la suspensión discrecional. Personas que llevan muchos años en Estados Unidos, cometieron un delito y prueban que se han rehabilitado, podrán ser deportadas.
– Establecimiento de procedimientos de expulsión acelerada.
– Los funcionarios del servicio de inmigración podrán actuar como jueces y expulsar a extranjeros buscan ser admitidas en Estados Unidos.
– Las decisiones de los agentes, y de los jueces, no podrán ser apeladas.
– Restringe el recurso de Habeas Corpus y elimina las suspensiones temporales.
– Limita por primera vez, desde la Guerra Civil, toda revisión judicial. La medida afectará a muchas personas con recursos legítimos de sus órdenes de detención o deportación.