Una división del Departamento de Seguridad Interior propuso el miércoles hacer obligatorio que los residentes legales que posean esas tarjetas paguen una cuota de reemplazo de 290 dólares más 80 dólares por las huellas digitales electrónicas y una fotografía.
La oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía estima que el gobierno de Estados Unidos emitió tarjetas sin fechas de expiración entre 1977 y 1989, a aproximadamente 750.000 inmigrantes con residencia legal permanente.
Las tarjetas de residencia son el documento de autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos. Los residentes legales deben portarlas en todo momento.
Bajo la propuesta, los residentes legales tendrían 120 días para cambiar sus tarjetas.
Si no solicitan un reemplazo, sus tarjetas se vencerían en una fecha a ser definida después. Una tarjeta vencida no invalidaría el estatus de un inmigrante como residente legal, pero le podría dificultar viajar o conseguir un trabajo nuevo.
Los residentes legales con tarjetas que necesiten reemplazarse no serían notificados individualmente, según la iniciativa.
El plan sigue en estudio, pero los residentes legales pueden empezar a solicitar un reemplazo ahora si lo desean.
Las autoridades argumentan que el gobierno necesita volver a tomar las fotografías y las huellas digitales para asegurarse de que las tarjetas estén actualizadas y sean exactas.
“Es un asunto de seguridad”, afirmó Bill Wright, vocero de Servicios de Inmigración y Ciudadanía. “Es para asegurarse de que la persona correcta tiene la tarjeta correcta”, agregó.
La oficina de ciudadanía agregó que había contemplado anular todas las tarjetas previas a 1989 y bajar la cuota por reemplazarlas pero finalmente lo descartó porque tendría que cobrarle más a otros inmigrantes para cubrir los costos.
En un comunicado de prensa, la agencia dijo que la actualización de la tarjeta también permitirá poner al día la información del propietario, verificar sus antecedentes y archivar información de sus huellas digitales y su fotografía.