Indocumentados enfrentarán en 2009 más restricciones
El estado de Carolina del Sur comenzará el próximo 1 de enero a hacer cumplir su versión local de una ley de inmigración que castiga severamente a las empresas que contraten trabajadores indocumentados.
La ley de “Reforma de Inmigración”, aprobada por el gobernador Mark Sanford el pasado 4 de junio, busca convertirse en una de las más severas del país que condenan la presencia de inmigrantes sin documentos legales.
La medida exigirá desde el 1 de enero de 2009 a las compañías -públicas y privadas- con más de 500 trabajadores, que verifiquen el estatus migratorio de sus nuevos empleados y las empresas con menos de 100 empleados en el año 2010.
Bajo la ley, todos los empleadores públicos deberán pedir a cada aspirante su licencia de conducir del estado -que exige tener seguro social- o la tarjeta de identidad de otro estado con normas similares de identificación de Carolina del Sur
Las empresas privadas tendrán la opción de utilizar el programa federal E-Verify, que compara las bases de datos nacionales de la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional, para determinar que el individuo está autorizado para trabajar legalmente en EEUU.
Los empleadores que intencionalmente contraten a indocumentados correrán el riesgo de perder sus licencias de operación hasta por 30 días -en la primera falta-, y 5 años por las siguientes cuatro.
Las multas serán de un máximo de 1.000 dólares y el Departamento de Trabajo, Licencias y Regulaciones se encargará de hacer cumplir la ley y realizar auditorías al azar en los negocios del estado.
También ofrece una opción a los empleados que fueron despedidos para contratar a indocumentados de demandar en un plazo de 60 días a sus empleadores.
La nueva ley convierte en “delito grave” transportar y asistir a inmigrantes sin papeles, exceptuando las agencias sin fines de lucro e iglesias, además de penalizar la utilización de documentación falsa y robo de identidad.
En materia educativa, prohíbe a los estudiantes sin documentos acceder a las universidades o colegios comunitarios y recibir becas o ayuda financiera.
Estipula acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para hacer cumplir las leyes existentes y exige a las cárceles locales comprobar el estado migratorio de los reos.
Establece una línea telefónica de 24 horas para que los residentes reporten a inmigrantes que cometen crímenes o que sospechen que son indocumentados.
La línea además podrá ser utilizada por los extranjeros víctimas de crímenes que requieran asistencia de las autoridades.
“Con el desempleo como está tan alto en este estado y la crisis económica, los inmigrantes están pensando primero en mantener sus trabajos y sacar a sus familias adelante que en esta ley de inmigración”, afirmó a Efe Iván Segura, director de la organización Liderazgo Hispano en Carolina del Sur, localizada en Columbia, capital del estado.
Según Segura, los empleadores hispanos y estadounidenses están “muy preocupados” por las implicaciones que podrá tener la nueva ley cuando no consigan trabajadores legales para llenar las vacantes de puestos en sus negocios.
“Venimos preparando a la gente en caso de ser arrestados por inmigración, detenidos por la policía, para que conozcan sus derechos y estén listos para lo peor”, enfatizó a Efe Tammy Besherse, del Centro de Justicia Legal Applesseed en Columbia.
La institución y la Coalición de Nuevos Residentes de Carolina del Sur realizaron una serie de seminarios a nivel estatal en el 2008 en lugares con alta concentración de hispanos.
Para Diana Salazar, directora de la Asociación Latina de Charleston, en la costa del estado, lo más perjudicial de la ley es que se cree un ambiente racista hacia los hispanos independientemente de su estado migratorio.
“No creo que la gente abandone el estado si tiene trabajo aunque será más difícil para ellos conseguir algo con la nueva ley”, enfatizó Salazar.
Hasta el momento, grupos pro-inmigrantes no han iniciado acciones legales contra esta ley como ha sucedido en otros estados que han adoptado medidas similares contra los indocumentados.
En junio, un juez federal otorgó un requerimiento preliminar judicial para evitar que en Oklahoma entrara en efecto la ley de inmigración el pasado 1 de julio protestada por grupos pro-negocios.
La decisión está en proceso de apelación.
Cifras del Censo indican que cerca de 168.920 hispanos viven en Carolina del Sur, un 76 por ciento de incremento desde el 2000.
