Inaplazable estrategia federal para eliminar la discriminación
Integrantes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y defensores de Derechos Humanos expusieron la necesidad de que el Estado construya una política enfocada a la igualdad en la que se identifique a la discriminación como componente de desigualdad.
Los integrantes de esta mesa también consideraron que se debe invertir en la educación para modificar prácticas discriminatorias arraigadas, así como en la capacitación de servidores públicos de todos los niveles.
Al encuentro asistieron la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón, y el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio.
El Plan Nacional de Desarrollo se elabora durante los primeros 6 meses de cada sexenio en el cumplimiento con el artículo 26 de la Constitución y la reglamentación de la Ley de Planeación. En el Plan Nacional se establecen los objetivos, las estrategias y las prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país.
La participación ciudadana resulta una condición de efectividad para la acción de Gobierno.
Por ello, siguiendo las instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto y conforme lo mandata nuestra Constitución, se está haciendo este importante esfuerzo para atender a las voces ciudadanas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
El México de hoy requiere para su fortalecimiento democrático apoyarse en la efectiva y permanente participación de todos los ciudadanos.
Por ello, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en la entrega de la Agenda Nacional de Derechos Humanos, que tuvimos justamente esta semana, el lunes, puntualizó algo que repito: Que el Gobierno de la República concede una altísima prioridad al tema de derechos humanos, considerándolos como la plataforma mínima indispensable.
Por lo que la participación se vuelve aún más importante en temas que son de particular impacto para los ciudadanos, tal es el caso de los derechos de igualdad y no discriminación y, en general, de los derechos humanos.
La participación también es una condición para que la política pública pueda tener un impacto verdadero en el ejercicio y goce de estos derechos.
De esta forma, a través de este Foro en el que se profundizará sobre temas y sobre temas específicos en materia de discriminación y sobre los medios que hemos de poner para la construcción de una sociedad con mayor igualdad y en la que se combata la discriminación, y a través de otros espacios en los que el tema de derechos humanos está siendo llevado a consulta ciudadana, lograremos tener los insumos necesarios para plantear una política integral de derechos humanos que tenga sus raíces en la visión de la ciudadanía y que incluya, por supuesto, el tema de la no discriminación.
Dentro de esta política de derechos humanos, las acciones dirigidas a promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación son uno de sus componentes fundamentales.
En este sentido, se debe comprender la relación que existe entre la promoción de estos derechos con la construcción de una sociedad libre de violencia.
Una cultura de igualdad que elimine las formas de discriminación es un elemento que contribuye a garantizar el ejercicio de derechos como la seguridad y la justicia.
Una sociedad en la que hay inclusión, sin duda alguna será una sociedad más justa y una sociedad más segura.
El Gobierno de la República se encuentra convencido del deber de promover la igualdad, por lo que en los compromisos de Gobierno, el punto seis del Manifiesto por una Presidencia Democrática señala como compromiso ineludible la no discriminación.
No obstante, tenemos que comenzar por reconocer que en nuestro país persisten casos de discriminación que no permiten a los ciudadanos acceder en igualdad de oportunidades al ejercicio de sus derechos.
Esta situación ha sido ampliamente documentada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y por organizaciones que trabajan en este campo.
Es un problema que tiene dimensiones incluso culturales y que aún enfrenta retos. Son muchos los temas y los distintos aspectos en donde esto se manifiesta.
Hay ejemplos que se señalan en la Encuesta Nacional sobre la Discriminación y, por ejemplo, también en un tema específico como lo establece la Organización Mundial de la Salud, que considera que existen en nuestro país 10 millones de personas que se encuentran imposibilitadas para incorporarse plenamente a la vida en sociedad por padecer alguna discapacidad.
Esta situación permite observar con claridad la urgencia que existe de promover una política más efectiva en materia de derechos humanos, una política transversal que tenga como uno de sus principios fundamentales el combate a la discriminación.
Para esta importante tarea hemos de tener presente también que contamos con algunos elementos que deben de servirnos como herramientas para lograr esta transformación.
En primer lugar existe, como ya lo señaló el licenciado Bucio, un nuevo marco constitucional que parte de una reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, que por sus alcances y su contenido supone un cambio de paradigma en la actuación de las autoridades y en los mecanismos de defensa de derechos.
Por ello, la política de derechos humanos que promovamos a partir de ahora debe tener como sus principales palancas de transformación la aplicación de estos nuevos principios constitucionales.
Hay un aspecto importante que creo que vale la pena destacar de este nuevo marco constitucional que debemos considerar en el momento de estar diseñando y ejecutando políticas públicas.
Me refiero al mandato del Artículo 1º Constitucional para que todas las autoridades, sin excluir ninguna, en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten y protejan los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, existen una serie de principios que nos obligan a garantizar los derechos humanos a partir de la interpretación legislativa, en beneficio siempre de la persona.
Este mandato amplio de cumplimiento con los derechos humanos nos obliga a todas las autoridades administrativas del país a replantear el diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Y es precisamente este postulado conforme al cual estamos realizando esta consulta ciudadana y, posteriormente, deberemos así elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos.
Este postulado constitucional debe además leerse en sintonía con el principio de la no discriminación, que se encuentra en el mismo Artículo 1º Constitucional.
De esta forma la obligación que tenemos todas las autoridades administrativas supone igualmente la obligación de examinar sus políticas públicas para que en ellas se promueva la igualdad y se evite toda forma de discriminación.
Se trata sin duda de un cometido de gran alcance que conlleva además la necesidad de capacitar a las autoridades en la materia y realizar una amplia labor de difusión y concientización.
Otra de las derivaciones que tiene el nuevo marco constitucional, en el que se incluye explícitamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, es el deber de llevar a cabo una intensa labor de armonización legislativa que nos permita contar con un marco legal que prevenga las violaciones a los derechos humanos que se cometen por los rezagos que aún existen en nuestra legislación.
Por eso me congratulo que contemos con la presencia de las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, que además creo en sus palabras, en sus discursos y en las acciones que están impulsando, que reflejan el compromiso que tienen en materia de derechos humanos y, por supuesto, en el tema de la no discriminación.
Quiero también decir que justamente para dar cumplimiento a estos compromisos es que se ha creado un nuevo espacio, una nueva área en la reestructuración de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario de Gobernación, en muestra de un absoluto compromiso por fortalecer los derechos humanos, ha indicado y ha mandatado la construcción de una Dirección General de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos, dentro de las reformas que fueron publicadas la semana pasada en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Esta Dirección es una Dirección que tendrá tres tareas fundamentales. Es una Dirección que se encargará de la construcción del Programa de Derechos Humanos, pero también de la implementación de la Reforma constitucional.
Consciente del reto que existe de armonización legislativa y de construcción en todo el país de instancias que contribuyan al fortalecimiento de los derechos humanos, se ha creado esta Dirección General, que además puede entrelazar el Programa de Derechos Humanos 2013-2018 con la instrumentación de la Reforma constitucional y llevar también a cabo una tarea de capacitación congruente con la implementación de esta reforma.
Lo relevante es que -como ya dije- la Reforma se basa en el principio pro persona y eso por supuesto contribuirá a fortalecer la no discriminación.
El Gobierno de la República tiene clara la necesidad de generar las condiciones para que toda la población pueda ejercer todos los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que forman parte de nuestra ley suprema.
Cabe recordar que este postulado coincide con el acuerdo primero del Pacto por México, en el que se señala precisamente que uno de los objetivos de una sociedad de derechos debe ser la inclusión de todos los sectores sociales y la reducción de los altos niveles de desigualdad que persisten en nuestro país.
Termino por decir que además con la creación de esta instancia se da cumplimiento a uno de los compromisos en materia de derechos humanos establecidos en el Pacto por México.
