Denuncian “Redadas Digitales” de Migrantes Localizándolos por sus Celulares

La Unión de Libertades Civiles (Aclu) denunció que las autoridades de inmigración de Estados Unidos han recurrido a la compra de datos de localización de migrantes a través de sus teléfonos móviles sin que exista de por medio una orden judicial.

La documentación obtenida por Aclu muestra “los intentos del Gobierno por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerirían una orden judicial”, afirmó Shreya Tewari, miembro de la Unión.
En este sentido, la agrupación que defiende la libertad afirma que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), el Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE), y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han estado recolectando información “extraída a las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes”.

Fuerte denuncia en contra de Venntel y Babel Street
Bajo este planteamiento, Aclu afirma que las autoridades de inmigración han recurrido a aplicaciones y celulares para determinar la ubicación de migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados.
El Gobierno ha usado millones de dólares “para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos, Venntel y Babel Street”, añadió la agrupación.
Los documentos que Aclu obtuvo mediante una gestión bajo la Ley de Libertad de Información muestran, de acuerdo a su percepción, los intentos de las compañías y del gobierno por “racionalizar esta venta irrestricta de cantidades enormes de datos”.
Aclu además afirma que el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado por la protección de datos similares de localización mediante los teléfonos móviles contra el acceso gubernamental sin orden judicial.
“El Tribunal Supremo ha dejado en claro que, debido a que nuestro historial de ubicación mediante el teléfono celular revela tanto de la ‘vida privada’, merece toda la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución”, señaló Nathan Freed Wessler, subdirector de Aclu.
Finalmente, se hace hincapié que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sostendrá este martes una audiencia en la cual se examinarán las “redadas digitales” y el acceso del gobierno a la información personal de la población.

 

The documentation obtained by the Aclu shows “the government’s attempts to wash its hands of any responsibility in acquiring data on the location of people that would require a court order,” said Shreya Tewari, a member of the Union.
In this sense, the group that defends freedom affirms that the Office of Customs and Border Protection (CBP), the Immigration and Customs Enforcement Service (ICE), and other agencies that depend on the Department of Homeland Security (DHS) have been collecting information “extracted from app calls on smartphones.”

Strong complaint against Venntel and Babel Street
Under this approach, the Aclu affirms that immigration authorities have used applications and cell phones to determine the location of undocumented migrants who are awaiting a hearing in immigration courts to determine whether they will remain in the country or should be deported.
The government has used millions of dollars “to buy access to cell phone location information compiled and sold by two data vendors, Venntel and Babel Street,” the group added.

Documents obtained by the Aclu through a Freedom of Information Act effort show, according to their perception, the attempts of the companies and the government to “rationalize this unrestricted sale of enormous amounts of data”.
Aclu also affirms that the Supreme Court of Justice has ruled for the protection of similar location data through mobile phones against government access without a court order.
“The Supreme Court has made it clear that because our cell phone location history reveals so much of ‘privacy,’ it deserves the full protection of the Constitution’s Fourth Amendment,” said Nathan Freed Wessler, deputy director of acclu.
Finally, it is emphasized that the Judicial Committee of the House of Representatives will hold a hearing this Tuesday in which the “digital raids” and the government’s access to the population’s personal information will be examined.