Corte Suprema versus EPA

El mundo se está derritiendo, el dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero aumenta día a día, destruyendo el clima y aumentando el cambio climático, pero mientras todo esto ocurre, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostiene que la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus iniciales en inglés), no puede establecer topes a las emisiones porque esto “excede la autoridad de la agencia”.

Leyes versus contaminación.
Según el veredicto el Congreso Nacional no puede darle a EPA la autoridad para adoptar por su cuenta un esquema regulatorio, ya que solo el Congreso tiene esa prerrogativa.
Recordemos que la Ley de Aire Limpio de 1970, otorgó a EPA autoridad para regular la contaminación y, las enmiendas de 1990 ampliaron el papel de la agencia, incluso en el 2007, la Corte Suprema incluyó las emisiones de gases de efecto invernadero, dentro de la autoridad de la EPA.
Lo que ocurrió es que en el 2015 el Congreso Nacional, por mayoría casi absoluta, delego en EPA el control de las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía, en su totalidad, quien solicito a cada estado que elabore un plan para reducir las emisiones y lo presente al Gobierno Federal.

Lobistas versus regulación
Por supuesto que varios estados y grupos privados (carbón, petróleo, minerales) cuestionaron este plan, sosteniendo que EPA extralimitaba sus poderes regulatorios, solicitando a la Corte que derogue esta regla y, en consecuencia, en el 2016 la Corte lo suspendió.
Después de muchas controversias, un tribunal de distrito de Washington, DC dictaminó, en enero de 2021, que el Plan de Energía Limpia estaba dentro de la autoridad de la EPA.
Pero los grupos lobistas no lo aceptaron, argumentando que a EPA solo se le debe permitir regular las centrales eléctricas individuales, no establecer estándares para toda la industria en general, y que sus regulaciones provocarían grandes pérdidas económicas al sector.

Dólares versus cambio climático
Para defender a las empresas contaminantes los jueces de la Suprema Corte despojaron a la EPA la posibilidad de regular la contaminación, incluidos los gases de efecto invernadero, autoridad que le fue otorgada por la Ley de Aire Limpio, en 1970.
Por su parte EPA les recuerda a los jueces de la Corte, que el Congreso Nacional encargó a la EPA que abordara todos los daños potencialmente catastróficos, incluso mediante la regulación de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, sosteniendo que la sección 111 de la Ley de Aire Limpio ordena a la EPA que regule las fuentes estacionarias de cualquier sustancia que “cause o contribuya significativamente a la contaminación del aire” y que “se pueda anticipar y que ponga en peligro la salud o el bienestar públicos”. No hay duda de que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero se ajustan a esa descripción.

USA versus el mundo
Este fallo de la Corte dificultará que el gobierno federal, sostenga sus promesas internacionales e influya en reuniones con otros países, sobre el cambio climático y el control de emisiones.
No hay duda que la Corte Suprema acaba de despojar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y al gobierno de los Estados Unidos, de la fuerza y credibilidad necesaria para enfrentar el desafío ambiental más importante de nuestro del siglo XXI.

 

 

The world is melting, carbon dioxide and other greenhouse gas emissions are increasing day by day, destroying the climate and increasing climate change, but while all this is happening, the Supreme Court of the United States maintains that the Agency of Environmental Protection Agency (EPA) cannot set caps on emissions because this “exceeds the agency’s authority.”

Laws versus pollution.
According to the verdict, the National Congress cannot give the EPA the authority to adopt a regulatory scheme on its own, since only Congress has that prerogative.
Recall that the 1970 Clean Air Act gave the EPA authority to regulate pollution and the 1990 amendments expanded the agency’s role, even in 2007, the Supreme Court included greenhouse gas emissions within EPA authority.
What happened is that in 2015 the National Congress, by an almost absolute majority, delegated to the EPA the control of greenhouse gas emissions from power plants, in its entirety, who asked each state to develop a plan to reduce emissions and submit it to the Federal Government.

Lobbyists versus regulation
Of course, several states and private groups (coal, oil, minerals) questioned this plan, arguing that the EPA exceeded its regulatory powers, asking the Court to repeal this rule and, consequently, in 2016 the Court suspended it.
After much controversy, a Washington, DC district court ruled, in January 2021, that the Clean Power Plan was within the authority of the EPA.
But lobbying groups did not buy it, arguing that the EPA should only be allowed to regulate individual power plants, not set standards for the entire industry in general, and that its regulations would cause huge economic losses to the sector.

Dollars versus climate change
To defend polluting companies, the Supreme Court judges stripped the EPA of the ability to regulate pollution, including greenhouse gases, an authority that was granted by the Clean Air Act in 1970.
For its part, the EPA reminds the judges of the Court that the National Congress commissioned the EPA to address all potentially catastrophic damage, including through the regulation of power plants fueled with fossil fuels, maintaining that section 111 of the Law The Clean Air Commission directs the EPA to regulate stationary sources of any substance that “causes or contributes significantly to air pollution” and that “is anticipated to endanger public health or welfare.” There’s no question that carbon dioxide and other greenhouse gases fit that description.

USA versus the world
This ruling by the Court will make it difficult for the federal government to uphold its international promises and influence meetings with other countries on climate change and emissions control.
There is no doubt that the Supreme Court has just stripped the Environmental Protection Agency (EPA) and the United States government of the strength and credibility necessary to face the most important environmental challenge of our 21st century.