Condiciones para el nuevo Proyecto Nacional del Desarrollo en México.
En las últimas décadas, en el mundo, y México no es la excepción, la desigualdad en la distribución de la renta ha aumentado sensiblemente no sólo en los países atrasados sino aún en los países avanzados.
El economista español Emilio Ontiveros en un reciente artículo titulado La desigualdad no es rentable expresa que “la excesiva desigualdad en la distribución de las rentas no favorece la sostenibilidad del crecimiento económico; no es rentable para el conjunto de la sociedad”.
La globalización lejos de contribuir a distribuir mejor la riqueza la ha agudizado no sólo entre los países del orbe, sino dentro de ellos mismos.
En los últimos años la desigualdad ha vuelto a cobrar niveles elevados que limitan el desarrollo del país, pues no sólo es éticamente inaceptable sino económicamente inadmisible al limitar la expansión del mercado interno. México se ha convertido en un país importante exportador de manufacturas, un mercado interno de 110 millones de consumidores debe ser un atractivo tanto para inversionistas nacionales como extranjeros.
Prioritario restablecer las cadenas productivas, incrementar los salarios reales, de la mano del aumento de la productividad, un mayor y mejor gasto público tanto federal como estatal, debidamente fortalecido por la transparencia y la rendición de cuentas como una cultura y no sólo como una obligación administrativa.
La experiencia histórica demuestra que no hay país alguno que haya logrado el desarrollo sin contar con un mercado interno suficientemente sólido y un estado fuerte económicamente capaz de redistribuir la riqueza a través de una política fiscal que financie la infraestructura económica y social que eleve la competitividad y la generación de empleos.
El objetivo central de toda política económica debe ser el desarrollo económico, entendido como un medio, y no un fin, para lograr el crecimiento del Producto Interno Bruto y su justa distribución, que se traduzca en el acceso de la población de menores ingresos a la educación, a la salud y el consumo de los niveles alimenticios básicos, al mismo tiempo que permita una tasa de inversión suficiente para garantizar un desarrollo autosostenido.
Se requiere contar con un estado económicamente fuerte, para lo cual es impostergable una Reforma Hacendaria que abarque el ingreso, el gasto, el endeudamiento público y la transparencia y rendición de cuentas de los tres niveles de gobierno. México tiene una de las cargas fiscales más bajas a nivel internacional. La carga fiscal de México promedia entre 10.5 y 11%, cifra que contrasta con países de desarrollo similar como Brasil, Chile, Argentina, Venezuela cuyas tasas son mayores, que promedian niveles entre 20 y 22 %.
Los diagnósticos y propuestas de los diferentes partidos políticos, se encuentra una gran coincidencia en el señalamiento de las necesidades sociales y los objetivos de las diferentes políticas; sin embargo se omite el hecho que los recursos públicos son limitados y escasos, lo que conduce en la práctica al incumplimiento de los programas de los gobiernos, por no tener una base sustentable de financiamiento.
El camino es el fiscal, aumentar la recaudación tributaria acompañándola de otras medidas que impacten y modernicen el sistema hacendario, es decir, proceder a una Reforma en materia hacendaria., “La madre de todas las reformas”, que aspire, por lo menos a recaudar el promedio que tienen los países de América Latina que es de 19% del PIB.
Independientemente de que poder legislativo apruebe una Reforma Hacendaria que debe ser discutida y consensuada con los diferentes sectores de la economía nacional, es indispensable que los Poderes de la Unión tanto federales como estatales demuestren una voluntad política de fortalecer las finanzas públicas mediante las siguientes acciones inmediatas: Reducir drásticamente el gasto corriente dispendioso, simplificar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal que se estima en el equivalente a tres puntos como proporción del PIB, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los tres poderes tanto federal como estatal y municipal.
