Apremia un México en Paz, primer eje y meta nacional relegada del Plan Nacional de Desarrollo
En el libro de “México y sus revoluciones”, el Dr. José María Luis Mora, revela “que desde la Declaración de Independencia hasta 1846 México sufrió un total de 237 revoluciones que, si bien en su duración e importancia fueron muy distintas, en su curso y objetivos eran muy semejantes”. En el análisis de la violencia, cita a Malinowski y Mead, ambos antropólogos quienes advierten: “que ciertos pueblos glorifican la agresividad mientras que a otros les horroriza”.
En México, contamos con escasa literatura sobre los derechos y la justicia como patrimonio colectivo. Por lo tanto, es imperiosa una ética del derecho, indisociable de la igualdad ante la ley. La prioridad del gobierno Mexicano, deberá apostar a la educación y prevención, para configurar un nuevo modelo convivencial de la sociedad mexicana, misma que se refleje en su cultura.
México, no podrá reconstruir la paz social, sino logra superar el lastre de la violencia estructural que lacera al tejido social y que deberá ser una prioridad del Gobierno, el llevar a la práctica los derechos plasmados en nuestra constitución; para lo cual se requiere de un Congreso Mexicano que apoye un estado eficaz, propuesta que enarboló desde su campaña electoral el Presidente Enrique Peña Nieto, a efecto de involucrar a que sociedad civil, gobierno, y organizaciones concurran a reducir la brecha de la desigualdad en el acceso de oportunidades, que son la raíz del problema por lo que se ha detonado la violencia en México.
Frente al mundo, la percepción de México es sinónimo de violencia. La violencia no sólo es exclusiva del crimen organizado; recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en el país 28.6 millones de hogares registran violencia familiar, así como situaciones que lesionan la dignidad y los derechos fundamentales de sus integrantes tales como niños, adultos mayores y personas con discapacidad son quienes más sufren las consecuencias.
México está en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar (“bullying”) en nivel secundaria, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La seguridad y la libertad son condiciones para evaluar el Estado de Derecho de un país. En materia de seguridad, la gestión del Presidente Peña, plantea un desafió al Estado Mexicano; toda vez que como lo revela Human Rights Watch (HRW), en su informe “desapariciones forzadas”, se subraya la corresponsabilidad de los gobiernos locales en aquellas en las que tuvieron participación agentes estatales.
El Estado de Derecho gravita, en orden al ciudadano, sobre dos categorías indisociables: la seguridad y la libertad, de los cuales conforman, sin equívocos, el balance ético y jurídico-político del Estado de Derecho. Sin ellos – los Derechos Humanos naufragan- y la ciudadanía vive una crisis.
En materia de Justicia México está en la mira Internacional, la denuncia del Human Rights Watch es consternante, se refiere al examen del Sistema Civil de Justicia Criminal o Criminal Justice System de México. El Informe señala que el sistema falla en garantizar la justicia a las víctimas de crímenes violentos o en el caso de las violaciones de los Derechos Humanos. Las causas de estos fallos, dice el Informe a la letra, “son varios e incluyen la corrupción, el inadecuado empleo de los recursos y prácticas abusivas”. Advierte además que los defensores de los Derechos Humanos sufren “hostigamientos y ataques”.
A la par de la aplicación de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, México está en la mira de los organismos multilaterales y de las evaluaciones y mediciones comparativas de estándares internacionales en materia de justicia. Revelador es el Informe “World Economic Forum 2012-2013”, la Confianza Pública en los Políticos en México –Public Trust in Politicians- coloca a nuestro país en el lugar 97; la Independencia Judicial, la base jurídica del Estado de Derecho, recibe, en ese Informe, la posición 88 del mundo; en la Eficiencia de la Estructura Legal, país 100; Costo del Crimen y la Violencia, país 117; Crimen Organizado, país 139, la eficiencia de la Estructura Legal para la Solución de Disputas, país 100; en la Fiabilidad de los Servicios Policíacos, país 134; en Costos del Crimen y la Violencia para los Negocios, país 135; en la Confianza Pública en los Políticos, país 97 y en la Calidad del Sistema Educativo, lugar 100, pero se desciende, aún, al puesto 124 en Matemáticas y Ciencias de la Educación.
En lo social, la violencia de género es una prueba fehaciente de que la educación en derechos humanos debe ser una cuestión prioritaria, el INEGI, en el Día Nacional de la Familia, público un informe de la violencia intrafamiliar, reveló que: “De los 27.9 hogares familias, las mujeres de 15 años y más que forman parte de los hogares familias, 3 de cada 10 han sufrido un episodio de violencia por parte de su pareja en los 12 meses previos a la Encuesta. La de tipo emocional se reportó como la más frecuente, pues 85% de estas mujeres declaró haber sufrido este tipo de agresión, el 57.5% violencia económica y física el 14.7%”.
En lo económico, es urgente el rediseño en la política pública el diseño de una política pública que atiende las causas de la violencia estructural que padece México. La principal acaso, es la desigualdad. De acuerdo con el documento de INEGI el 5.4% de la población estaba desempleada, el 7.6% subocupada. Ello permite hablar, en serio, de un 13% de fragilidad social. Si añadimos, a esa cifra, la del 27.9% de la población en el Sector Informal nos encontramos con el 40.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) al margen de la seguridad.
En suma, para crear un México incluyente, se requiere elevar el capital humano del país, la cual requiere de una propuesta de armonización y homologación del ordenamiento constitución a nivel local apegado a derecho internacional, como condición para que el país recupere la credibilidad nacional y reputación en el Exterior.
El 50% de la ciudadanía demanda de la gestión del presidente, traduzca en resultados palpables, la concreción del Plan Nacional de Desarrollo, el cual requiere centrar la cultura de paz como eje de acción pública, con el concurso de especialistas doctorados que brinden soluciones creativas a la agenda pública, para secundar con el Ejecutivo el formalizar la creación de gabinetes especializados, que cierren la brecha de la desigualdad entre los mexicanos y fomentar con políticas públicas la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
México no puede esperar; las manifestaciones sociales públicas dan cuenta que la sociedad exige resultados inmediatos del Gobierno, que deberá inspirar una cultura de paz, que asuma la corresponsabilidad histórica de entender el Estado, como el ascenso de un pueblo a un nivel superior de su acción histórica.