Líderes comunitarios y religiosos se unieron a políticos para alertar a los inmigrantes sobre proveedores privados de servicios legales sin escrúpulos, que prometen resolver sus asuntos con las autoridades de Inmigración.
“Cada día los sueños y aspiraciones de inmigrantes quedan aplastados por consejos legales incompetentes y la tramitación de documentos frívolos y fraudulentos por parte de asesores de inmigración sin escrúpulos”, señaló monseñor Ronald Marino, vicario para asuntos de inmigración en la diócesis de Brooklyn y Queens.
Estos fraudes destruyen vidas y familias y desacreditan el “sueño americano”.
Marino y otros líderes que participaron en un acto frente a la alcaldía resaltaron que esas actividades fraudulentas no sólo causan un perjuicio económico a quienes las padece, sino que también destruyen vidas y familias y desacreditan el “sueño americano”.
Explicaron que el pasado año se aprobaron dos nuevas leyes a nivel local y estatal, que pretenden precisamente ofrecer más protección a quienes buscan ayuda y asesoría para tramitar la ciudadanía u otros asuntos de inmigración en este país.
Entre otros requisitos, la normativa exige a las agencias privadas que informen de manera clara de que no son abogados y que faciliten información adecuada en el idioma del cliente.
Además, deben proveer un contrato que indique los servicios solicitados y las tarifas que se aplican, entregar copia de los documentos presentados al gobierno y devolver los originales al cliente.
También obliga a los asesores a no exigir o retener dinero por servicios que no han prestado y a conservar por tres años el expediente del cliente desde que contrató sus servicios.
En esta y otras ocasiones anteriores, las autoridades y los líderes comunitarios advirtieron a los inmigrantes contra consultores que aseguran poseer conexiones en las oficinas de Inmigración, lo que garantizaría que se tramitará con éxito y celeridad su expediente.
La fiscalía de Nueva York presentó el pasado año una demanda contra un sujeto de El Bronx, Edwin Rivera, que ofrecía servicios sobre asuntos migratorios sin ser abogado y cobraba 1.500 dólares por tramitar solicitudes de residencia en base a una Ley que ni si siquiera había sido aprobada.
El acusado se anunciaba con profusión en los diarios neoyorquinos en español, en las emisoras de radio y a través de Internet, y prometía conseguir la residencia permanente a quienes utilizaran sus servicios.
Activista y políticos piden a los inmigrantes que estén alerta también ante posibles fraudes de notarios públicos, una actividad que en muchos países de América Latina describe a un titulado en Leyes pero que no implica lo mismo en Estados Unidos.
Valiéndose de la confusión, algunos notarios puede que prometan resultados que no están cualificados para alcanzar o se atribuyan una experiencia legal que no tienen.
Margie McHugh, directora de la Coalición del Inmigrante de Nueva York, pidió hoy que las comunidades de inmigrantes unan esfuerzos para proteger a sus miembros de los consultores sin escrúpulos.
“Las comunidades de inmigrantes deben unirse para combatir las actividades fraudulentas contra sus miembros y ahora en Nueva York tenemos dos herramientas más para hacerlo”, subrayó.
José Pérez, jefe adjunto de la Oficina de Protección y Fraude contra el Consumidor de la Fiscalía de Nueva York, explicó que las leyes vigentes castigan con severas multas -de hasta 7.500 dólares por cada violación de la ley estatal- y otras penas a quienes cometan fraude en este tipo de actividades.
Diversos funcionarios relacionados con asuntos de inmigración en el ayuntamiento y en el gobierno estatal recordaron a los afectados que disponen de medios en ambas instancias, además de las fiscalías de distrito y la estatal, para presentar denuncias o informarse de sus derechos.
Los inmigrantes puede solicitar también información de proveedores legítimos de servicios legales en New York Inmigration Hotline (800) 566-7636, donde no se pedirá al solicitante información alguna acerca de su estatus en este país.