Agenda legislativa de EU y México discuten internamente temas que excluyeron en el TLC: Migración y Energía.
Vientos de cambio soplan en el Congreso Norteamericano y Mexicano, previo al encuentro que sostendrán a inicio de mayo, los mandatarios Barack Obama (EU) y Enrique Peña Nieto (Méx), respecto a temas que dejaron fuera hace 19 años ambos gobiernos, tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que excluyó la inmigración y el sector energético entre ambos países, por tratarse de temas fundacionales de soberanía nacional y que hoy se encuentran paralelamente en la palestra del debate legislativo y en la agenda de opinión pública entre ambas naciones.
Para los especialistas en dichas materias es inadmisible que en pleno siglo XXl se aborden dichas materias con enfoques obsoletos, por lo que se vuelve imperativo desmitificar visiones anacrónicas que impiden la consolidación de la comunidad regional de América del Norte.
En efecto, como lo señala el documento del Fondo Monetario Internacional, admite que México existe una opinión pública mexicana en contra de la privatización, que el Gobierno ha reiterado enfáticamente que “Pemex no va a Privatizarse” y abunda que “en la sociedad mexicana nadie pone en duda la necesidad de modernizar y dar eficacia y probidad a Pemex y al sector energético, como también es menester romper la dependencia del Estado de la renta petrolera, empero, no es necesario sacar a la venta acciones de la paraestatal para poner la totalidad o una parte de los hidrocarburos nacionales y de su prospección, extracción, refinación y transporte en manos privadas, como ya se ha hecho, sin transgredir la Carta Magna: al dar plena legalidad a la intervención privada, nacional y extranjera, en tales actividades, Pemex podría quedar como entidad administrativa meramente encargada de asignar contratos, distribuir licitaciones y otorgar licencias de explotación.
Pasaría a ser una dependencia no privatizada, sino encargada de administrar la privatización del sector.
En tal sentido el reto del gobierno mexicano es actuar con sentido nacional y proponer una reforma energética que auspicie la modernización, la transparencia, la probidad y la concepción estratégica del sector sin abrir ningún margen a cualquier forma de privatización.
En el caso de Estados Unidos, los detractores en aprobar la Reforma Migratoria, argumentan dos mitos que refiere León Krause. El primero es que “la frontera entre ambos países aún no alcanza los estándares de seguridad necesarios como para pensar en una reforma migratoria. Si bien es cierto que la seguridad fronteriza no es la ideal —blindarla es imposible, francamente—, los avances son innegables. El número de agentes fronterizos se ha triplicado de 1996 a la fecha, al mismo tiempo que los índices de criminalidad en el lado estadounidense han disminuido sensiblemente. Más importante aún: la migración neta a EU se ha reducido drásticamente”.
Por otro lado, el G-8 se dice preocupado por las repercusiones de la reforma en la dinámica migratoria: “no podemos permitir una tercera ola migratoria dentro de 20 años”, siendo que la tasa de natalidad en México. Pasó de siete hijos en promedio de los años 70 a 2.1. en la actualidad.
Asimismo la demografía en la Unión Americana, a atraviesa por una curva ascendente de envejecimiento. El número de estadunidenses mayores de los 65 años ascendió a 40.3 millones de personas hasta abril de 2010, lo que constituye el 13 por ciento de la población del país. Estados Unidos no puede ignorar la realidad no solo migratoria, sino demográfica. En este sentido, el aporte de la inmigración es doble. Una contribución demográfica propiamente tal, junto a una contribución económica.
El ambiente político en ambos países es favorable para renegociar la segunda generación del TLC, considerando que los temas excluidos de energía y migración de la agenda, están siendo abordados como materias de interés nacional tanto para Estados Unidos que está inmerso en buscar soluciones a la fuerte crisis financiera por la que atraviesa; como México empeñado en reposicionarse en el tablero mundial como un actor que debe adecuar su economía para hacerla funcional a nivel global.
Las expectativas de éxito se incrementan en la medida, en que las discusiones de dichos temas se dan al interior de las respectivas soberanías nacionales adaptadas a las necesidades de cada país y no de las exigencias del exterior.